Las provincias y el impuesto al cheque

Es sabido que en la Argentina hay un sinfín de eufemismos girando en torno de la política pero sin duda ninguno es tan agudo como el que refiere al federalismo: una utopía a esta altura del partido.

La concentración de poder, tanto político como económico, en manos de los Kirchner, se ha profundizado de tal forma que hoy las provincias - con los déficit que acunan y sus deudas públicas sin reestructurar- han pasado a ser, prácticamente, un apéndice del gobierno central con muy escaso margen de acción individual.
La reforma al sistema de coparticipación es una asignatura pendiente que jamás se terminará de cerrar porque es, precisamente, un arma política de envergadura a la hora de captar voluntades y adherentes a la gestión presidencial. La ley de coparticipación federal no contempla la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos que el gobierno otorga a las provincias y municipios. De allí, la polémica que genera este mecanismo. De una relación entre iguales se pasa a una dependencia donde los favores tienen precio y cotiza alto el aplauso en cualquier acto presidencial.

El continuo peregrinar de gobernadores, ministros y funcionarios a la Capital Federal mendigando fondos es una demostración de que el federalismo está solo en los papeles y en el artículo de la Constitución que declara la forma de gobierno; pero en los hechos, se puede afirmar que en la República Argentina rige un sistema unitario. Y la primera muestra de esto es que la orden de los Constituyentes de 1994 de sancionar una nueva ley de coparticipación que contemple los intereses de las provincias lleva 14 años cajoneada sin que se cumpla. A esta clara violación del orden legal que involucra al sistema de coparticipación se suma un abanico de varias situaciones particulares que han venido concentrando cada año más recursos en la Nación, en detrimento del conjunto de las provincias. Desde el año 2001, cuando Domingo Cavallo era todopoderoso en el Palacio de Hacienda, los argentinos de todo el territorio nacional deben pagar el impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias, conocido vulgarmente como “impuesto al cheque”, rebajado en su tasa por decreto de mayo de 2004, pero igualmente distorsivo.

Este cuestionado gravamen, de cuya frondosa recaudación la nación se lleva a sus arcas la parte del león, un 70 por ciento, contra apenas el 30 que les corresponde a las provincias, no importa si ricas o pobres, está entre las muchas irregularidades que desvirtúan el federalismo, y en lista de espera en las urgentes cuestiones a tratar por el Congreso de la Nación, ya que su vigencia caduca a fines de año. Tal como están las cosas y con la excusa de la crisis mundial, es casi seguro que se prorrogue por un año más.
Para tener una idea del monto que representa este tributo, en los primeros ocho meses de este año al Tesoro Nacional ingresaron nada menos que 10.300 millones de pesos, y sólo 2.300 millones para repartir en cada una de las veinticuatro jurisdicciones. Lo que pierden los estados provinciales, si esos fondos se coparticiparan íntegramente, asciende a más de 7.000 millones de pesos, en tanto unos 5.000 millones hubieran quedado para la Nación.
El único camino para que las provincias pobres o postergadas, entre las que está el Chaco, cobren protagonismo y eviten profundizar sus índices negativos, será el de la aplicación de un auténtico federalismo. Un federalismo que incluya como prerrequisito, la ya tan mentada reparación histórica para todas las provincias que fueron víctimas del unitarismo de hecho y del aún no desterrado centralismo porteño Es imprescindible desconcentrar el poder, avanzar hacia un federalismo efectivo, modificar la estructura tributaria, mejorar la distribución del ingreso, devolverle credibilidad a la política y transparencia e independencia a los poderes de la República. Es decir, un proyecto que exprese un marco de pertenencia común, un horizonte y un futuro compartido, una Argentina integrada federalmente, segura, moderna y justa, que supere las asimetrías económicas regionales para una integración más distributiva y menos dependiente.

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